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Decreto 0552 de 2026: Colombia regula que las empresas garanticen el respeto por los derechos humanos –
La gestión de los Derechos Humanos en el entorno empresarial colombiano se regula por primera vez. El 1 de junio de 2026, la Presidencia de la República promulgó el Decreto Nacional 0552 de 2026, un mecanismo amparado en el Plan Nacional de Desarrollo (Ley 2294 de 2023). Con este paso, el país cuenta ahora con un marco normativo obligatorio que vincula las agendas de las empresas y los derechos humanos.
Aunque en el Congreso de la República continúa el trámite del Proyecto de Ley 153 de 2025, las empresas que operan en el país necesitan entender la norma que ya está vigente y cómo redefine las reglas del juego para el sector privado.Según el texto oficial, todas las entidades de la Rama Ejecutiva están obligadas a identificar, prevenir, mitigar y reparar impactos negativos, y a evaluar y modificar sus marcos regulatorios bajo estándares internacionales.
El mecanismo de aplicación: ¿Cómo llega el Decreto a la operación privada?
Es importante precisar el alcance de esta norma para asesorar correctamente a nuestras empresas aliadas. Técnicamente, el Decreto 0552 regula de forma directa a las instituciones de la rama ejecutiva del orden nacional y a las empresas con participación estatal. Su impacto en el sector privado se activa mediante un efecto de contratación y mercado, estructurado en tres ejes:
- Condicionamiento en la contratación pública: las entidades del Estado tienen el deber de incluir cláusulas estrictas de respeto a los derechos humanos y debida diligencia en sus pliegos de condiciones. Las empresas que actúen como contratistas o subcontratistas y tengan investigaciones abiertas o reportes negativos por afectaciones socioambientales serán excluidas de los procesos de compra estatal.
- Alineación de la cadena de suministro: las empresas estatales o mixtas deben ajustar sus estructuras internas de manera inmediata, convirtiéndose en el parámetro técnico que el Estado exigirá a sus socios comerciales y proveedores privados.
- Supervisión técnica: el nuevo Comité Técnico Especializado de Derechos Humanos y Empresas se encarga de diseñar guías específicas para cada sector de la economía, estableciendo el estándar que usarán las agencias de control del Estado.
La metodología obligatoria: Siete enfoques diferenciales y debida diligencia reforzada
El diseño de este decreto profundiza la debida diligencia de las organizaciones, las cuales deben integrar de manera transversal siete enfoques diferenciales para identificar, prevenir y mitigar sus impactos:
- Territorial
- De género
- Étnico
- Campesino
- Niñas, niños y adolescentes
- Discapacidad
- Ambiental
Debida diligencia reforzada en zonas de conflicto
Dado el contexto humanitario del territorio colombiano, el Decreto 0552 establece una exigencia mayor para las operaciones que se desarrollan en áreas afectadas por el conflicto armado o con altos índices de violencia. En estas regiones, las licencias y autorizaciones de la administración pública dependen directamente de que la empresa demuestre planes de seguridad corporativa que no tengan ningún vínculo, directo o indirecto, con actores armados ilegales.
Comparativa: El Decreto vigente y la tendencia del Proyecto de Ley 153
Para anticipar las necesidades de cumplimiento, analizamos cómo conviven el marco regulatorio actual y la iniciativa legislativa en debate:
| Dimensión técnica | Decreto 0552 de 2026 (Vigente) | Proyecto de Ley 153 de 2025 (En trámite) |
| Estado y origen | Decreto reglamentario de la Presidencia vigente desde el 1 de junio de 2026. | Iniciativa del Congreso en Comisión Primera, pendiente de primer debate. |
| Vía de exigencia | Condicionamiento comercial: pérdida de contratos estatales, permisos o licencias por fallas en debida diligencia. | Acción judicial directa: demandas de responsabilidad civil ante jueces comerciales y de la República. |
| Responsabilidad legal | Define el estándar técnico de prevención requerido por las agencias del Estado. | Plantea la responsabilidad solidaria entre matrices y filiales, junto con la inversión de la carga de la prueba. |
| Foco principal | Siete enfoques diferenciales y planes de seguridad para zonas de conflicto. | Prohibiciones explícitas sobre desalojos forzosos, derechos laborales en toda la cadena e IA. |
Recomendaciones para la acción desde TOTH Consulting
La vigencia del Decreto 0552 de 2026 marca una ruta clara: las empresas, sobre todo las que operan en sectores extractivos, de infraestructura y servicios deben evolucionar hacia una gestión basada en la interacción comunitaria continua y la mitigación real de riesgos socioambientales.
Para acompañar a nuestros clientes en Colombia en esta transición, nuestro plan de trabajo priorizará:
- Auditoría de pliegos y contratos estatales: evaluar el estado de los sistemas de debida diligencia de las empresas para asegurar que cumplen con el contenido del Decreto y evitar la pérdida de licitaciones.
- Actualización de matrices con enfoque diferencial: integrar los siete enfoques exigidos por el decreto en las evaluaciones de impacto ambiental y social de las compañías.
- Protocolos de seguridad para territorios complejos: diseñar e implementar planes de debida diligencia reforzada para aquellas operaciones que colindan con zonas de alta conflictividad humanitaria, asegurando la desvinculación total de dinámicas ilegales.